Novedades

La ayuda de fin de año debiera focalizar en los sectores con mayores dificultades

 Por: Marcelo Capello, Gerardo García Oro y Vanessa Toselli

Las correcciones que requería la macroeconomía y las acciones de política instrumentadas en diciembre de 2015 y a lo largo de 2016 tuvieron impactos diferenciados entre los distintos segmentos sociales de la población, que debieran ser considerados al momento de instrumentar acciones reparadoras de las dificultades que dichas medidas pudieran haber provocado.

La pregunta obligada es si resulta conveniente aliviar adicionalmente la carga de los trabajadores que pagan impuesto a las Ganancias en 2016 (ya habían recibido un alivio en la carga del impuesto este año), o si la política pública debería apuntar a mejorar la situación de los trabajadores formales de menores ingresos en 2016, que no han sido beneficiados por los cambios ocurridos en el impuesto a las Ganancias, al igual que jubilados que perciben la mínima (en general no se benefician de la reparación histórica en materia de jubilaciones) y otros sectores de nulos o bajos ingresos de la población.

Con una inflación del 40% este año, y subas salariales en torno al 32%, un trabajador soltero de ingresos menores a aproximadamente $19 mil mensuales (no es alcanzado por Ganancias) está soportando una caída del 5 al 8% en su poder adquisitivo en 2016, mientras que asalariados con ingresos de más de $27 mil, que son alcanzados por Ganancias, ven subir entre un 1 y 3% su poder adquisitivo este año (los efectos positivos sobre sus salarios de bolsillo generados como consecuencia de los cambios operados en dicho impuesto, más que compensan el efecto de la mayor inflación este año). Si ahora se agrega la eximición del medio aguinaldo, la brecha entre trabajadores de ingresos altos y bajos se seguirá ampliando.

En este sentido, los 7,1 millones de trabajadores que se desempeñan en empleos informales y con altas dosis de precarización laboral, además de los casi 1,8 millones de personas en situación de desempleo y la persistente inactividad laboral en algunas regiones del país (motivada en el desaliento ante la falta de oportunidades laborales), son ejemplos manifiestos de segmentos sociales que enfrentan altas dosis de vulnerabilidad, requirentes de acciones paliativas que contribuyan a fortalecer sus ingresos familiares en los últimos meses del año.

En una situación más favorable se encuentran aquellos trabajadores situados en la formalidad. No obstante, cabe destacar que entre éstos se presenta una franja de 8,5 millones de trabajadores registrados en relación de dependencia que por su productividad y las propias condiciones laborales que enfrentan, su trabajo sólo le permiten alcanzar retribuciones por debajo del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. Este segmento también ha resultado desfavorecido en la coyuntura del corriente año, por tratarse además de trabajadores que, en promedio, fueron perceptores de menores incrementos en sus haberes nominales.

En el esquema que sigue se muestra que el segmento de asalariados o jubilado promedio, con retribución bruta promedio de entre los $15 mil y $30 mil, además de ser los más afectados por las situaciones coyunturales tampoco fueron grandes beneficiarios de las modificaciones introducidas en el impuesto a las ganancias. Estos segmentos tampoco fueron alcanzados por medidas como la devolución del 15% sobre los productos de la canasta básica alimentaria, el programa de Primer Empleo o la inclusión de monotributistas al sistema de asignaciones familiares (medida que recayó fundamentalmente en los autónomos de las categorías más bajas).

A la luz de los intercambios observados entre el Gobierno Nacional y los sectores gremiales que nuclean la mayor proporción de trabajadores formales se están planteando dos mecanismos alternativos para paliar aunque sea parcialmente la situación de los trabajadores.

Las medidas anunciadas luego de la reunión sostenida por los representantes de Ministerio de Trabajo con los sectores gremiales involucran un bono otorgado por única vez y como refuerzo para la Fiestas de $1000 para los jubilados y pensionados que cobren el haber mínimo; la exención del pago del Impuesto a las Ganancias enunciada (para trabajadores que cobren hasta $55 mil brutos); y un bono para perceptores de la AUH de $1000.

Una alternativa, que además podría gozar de mayor grado de consenso social, resultaría de que el organismo encargado de la protección y la seguridad social a nivel nacional (ANSES) realice un esfuerzo adicional por complementar los ingresos familiares de todos aquellos hogares con mayor cantidad de dependientes, y con especial priorización de familias en las que los generadores de sus ingresos se encuentren en una posición laboral desventajosa, en pos del objetivo de diluir en forma focalizada las inequidades ocurridas. Asimismo, liberar al sector privado de este esfuerzo colaboraría con la expectativa de recuperación de los sectores productivos y el sostenimiento del empleo en vista al próximo año.

Un ejemplo de cómo podría instrumentarse una medida en este sentido podría ser la duplicación del monto percibido por los hogares en materia de Asignaciones Familiares por hijo. Esta estrategia podría alcanzar no sólo a los trabajadores formales y monotributistas con dependientes a su cargo (hijo ó hijo discapacitado) y asignaciones prenatales que ya perciban, sino también a beneficiarios del programa Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Universal por Embarazo (AUE), que podrían percibir en forma complementaria el valor equivalente a un beneficio mensual adicional de dichas prestaciones.

En igual sentido, la política pudiera resultar extensiva a hogares liderados por jubilados y pensionados cuyos haberes se encuentren en el valor mínimo del sistema; otorgando a éstos un monto equivalente al de una AUH ($1.103) por mes en forma excepcional y complementaria a su haber.

Cabe destacar que las Asignaciones Familiares por hijo recaen en forma progresiva sobre los hogares con mayor cantidad de dependientes, además de que el monto del beneficio otorgado es decreciente en términos nominales a medida que el ingreso familiar es mayor.

Esta medida alternativa impondría sobre la ANSES un costo fiscal de $11,5 mil millones por única vez, con la oportunidad de aminorar disparidades de ingresos a la espera de un mejoramiento de la economía durante 2017.

Por su parte, las medidas anunciadas luego de la reunión sostenida por los representantes de Ministerio de Trabajo con los sectores gremiales tendrían un costo fiscal total de casi $5,5 mil millones, en función de que el bono sobre beneficiarios de los programas AUH y AUE representaría unos $3,8 mil millones, el bono destinado a pasivos con haber mínimo un total de $339 millones y la exención sobre ganancias un total de $1,3 mil millones.

Aún con esta estrategia la mesa de diálogo sigue abierta y existe la posibilidad de que los trabajadores reclamen a sus empleadores (fundamentalmente en el ámbito privado) por el otorgamiento de un bono complementario sobre sus retribuciones laborales.

Por contraste, la estrategia oficial luce como una política de menor grado de focalización que una medida como la arriba planteada, además de dejar abierta la posibilidad a que se generen mayores costos sobre la actividad productiva en el ámbito privado.

Asimismo, con la medida alternativa planteada se alcanzaría un parámetro objetivo de mejoramiento en los ingresos de los trabajadores formales, independientemente del sector productivo en que éstos se desempeñen y sin imponer costos sobre la actividad privada.

Al respecto, puede estimarse que el otorgamiento de una asignación familiar adicional por hijo en forma excepcional sobre los trabajadores formales generaría una mejora en los ingresos mensuales de dichas familias que acabaría situada en un entorno de entre un 0,7% y 26,5%, según la constitución familiar que caracterice a estos trabajadores, con una importante progresividad en dicho resultado.

Por su parte, la eximición del medio aguinaldo en el impuesto a las ganancias tendría un impacto de entre el 10-12% sobre el ingreso familiar de los hogares alcanzados por la medida, sin beneficios sobre los hogares con ingresos más bajos.