Dado que el problema sanitario será transitorio (aunque hay dudas sobre su duración), durante el período crítico se justifica que se tomen decisiones priorizando la salud de la población, aunque suba el déficit fiscal, pero tratando que tengan el menor impacto negativo sobre la economía a largo plazo, sobre las posibilidades de crecimiento y la sustentabilidad del estado en sus diferentes niveles.
Dado el contexto, para financiar el mayor gasto público nacional, provincial y municipal en salud y en ayudas a la población y a las empresas con problemas causadas por la pandemia y las decisiones asociadas tomadas por los diferentes gobiernos, habrá sólo dos posibilidades: emisión de dinero (a nivel nacional), y recortes transitorios de gastos prescindibles del estado en los tres niveles de gobierno. Mientras más ahorro exista en gastos prescindibles, menos deberá aumentar la emisión de dinero, por ende, morigerando el impacto inflacionario. Tal impacto inflacionario de una mayor inflación no se daría tanto en el corto plazo, dada la caída que existirá en la actividad económica (-3% anual o más), aunque si podría darse a mediano y largo plazo, una vez superados los mayores problemas generados por la pandemia, si no aplican medidas compensatorias.
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