Para cumplir dichos objetivos resulta crucial reducir la presión impositiva, bajar los costos laborales no salariales, así como los costos logísticos y de transporte, y los costos de la burocracia en general, en el marco de un Plan General de Competitividad, en que se involucren los actores principales: Sector público (tres niveles), Sector empresario y Sindical.
Si bien bajar impuestos no ayuda a bajar el déficit fiscal, si el alivio tributario se focaliza en ciertos tributos y en ciertos objetivos (bienes y servicios transables, inversión, empleo de calidad), podría minimizarse el costo fiscal y maximizar el impacto sobre la rentabilidad de los sectores transables. Lo mismo puede decirse de la inversión en infraestructura y la reducción de costos laborales no salariales: debe privilegiarse a los sectores que compiten con el exterior.
Resulta crucial que el gasto público aumente menos que el PIB nominal por varios años, de modo que la relación gasto público / PIB baje cada año y de mayor lugar a la economía privada, disminuyendo las presiones inflacionarias y a la apreciación real del peso.
Para alcanzar una evolución fiscal que cumpla las restricciones básicas para la sustentabilidad macroeconómica (reducir presión tributaria, solucionar problema del Fondo del Conurbano Bonaerense, estabilizar la deuda pública en niveles tolerables), se requiere que el aumento anual del gasto público nacional y provincial resulte más lento que el que se ha previsto oficialmente. De otra manera, la no implementación de una fuerte baja inicial del gasto, optando por un sendero fiscal gradualista, exigirá un esfuerzo muy importante para la contención anual del gasto público nacional y provincial, si se quiere conducir la macroeconomía hacia un sendero sustentable en el tiempo.
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