La política de subsidios que aplicó el gobierno anterior para ganar el favor de los votantes llegó a un extremo ridículo, pero esto no quiere decir que superar las distorsiones sea una tarea sencilla ni exenta de costos. A partir de febrero, los precios de la electricidad quizá se estén multiplicando por 8 para buena parte de los habitantes de Capital y Gran Buenos Aires, pero cuidado que en el resto del país hay una importante cantidad de usuarios de cooperativas y de empresas provinciales que pueden recibir sorpresas negativas, ya que las tarifas de esas distribuidoras han subido en forma significativa en los últimos años y puede haber sobrecostos y/o excesos impositivos que hasta ahora se disimulaban por el bajo precio de la energía a nivel mayorista. La tarifa social, que protegerá a unos 2 millones de hogares en todo el país, es el instrumento adecuado para evitar una elevada conflictividad, pero su implementación no será sencilla. También deberán eliminarse sobrecostos y exceso de impuestos en el interior del país, porque de lo contrario estos usuarios se encontrarán pagando -por igual consumo- bastante más que en la Capital, teniendo sueldos menores y afrontando un transporte público más caro.
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