Desde fines de 2023 y en lo que va de 2024, ya sea con la anterior como con la nueva administración nacional de gobierno, se han producido o se podrían producir cambios en materia económica que afectaron o podrían afectar la fortaleza (o vulnerabilidad) fiscal de cada provincia. Entiéndase por fortaleza fiscal a la capacidad de los gobiernos subnacionales para financiar sus niveles habituales de gasto público corriente y de capital, así como cumplir con sus obligaciones por deudas.
En el nuevo contexto, las provincias más expuestas fiscalmente son aquellas que dependen más de las transferencias fiscales nacionales automáticas y discrecionales (especialmente las segundas), las que dependen más del consumo en sus economías locales, las que en 2023 contaban con menor ahorro corriente y mayor importancia del gasto en personal y, finalmente, las provincias con mayores compromisos por servicios de deudas.