En el acumulado de enero a octubre el déficit resulta de 0,8% del PIB, o 2,3% si se excluyen DEG y ASE. El resultado financiero (después de pagar intereses), en cambio, asciende a 2,1% o 3,7% del PIB, con y sin ingresos extraordinarios, respectivamente. De este modo, en octubre de 2021 se vuelve a una situación en que las erogaciones suben más rápido que los ingresos, al igual que había ocurrido entre enero y diciembre de 2020, aumentando mucho más rápido el déficit fiscal.
El déficit primario de octubre sin ingresos extraordinarios (2,3% del PIB) resulta similar al observado en 2017, por debajo del déficit de 5% de ese subperíodo de 2020 (pandemia), pero claramente peor que el resultado de 2019 (sin pandemia), cuando a octubre se exhibía un superávit primario de 0,1% del PIB.
Si en los últimos dos meses de 2021 se da una estacionalidad típica en el gasto, se terminaría el año con un déficit primario de 2,4% del PIB, que aumenta hasta 3,9% si se excluyen ingresos extraordinarios de este año (ASE y DEG).
¿Dónde residen las principales diferencias entre el gasto ejecutado en los primeros 10 meses de 2021 e idéntico período de 2019 (pre pandemia)? Está claro que las principales diferencias están en el gasto en subsidios económicos (principalmente por mayor atraso de tarifas de energía, transporte, agua y déficit de empresas públicas) y en otras prestaciones sociales (la mayor parte de los planes sociales). Entre ambos agregaron 2,3% del PIB de gasto adicional entre 2019 y 2021. También crecieron las transferencias corrientes y de capital a provincias, así como la inversión pública nacional (0,5% del PIB entre los tres conceptos).
El pago de jubilaciones no tuvo cambios en términos del PIB, aunque en moneda constante existió un ajuste de $234 mil millones entre 2019 y 2021. Lo mismo con el gasto en Personal, que cayó $ 83 mil millones en ese lapso.
¿Qué se puede esperar para el ejercicio fiscal 2022, se supone que un año ya sin efecto pandemia? Según el proyecto de presupuesto oficial, el año entrante existirían recursos por el equivalente a 18,4% del PIB, y erogaciones por 21,8% del PIB, en este caso, más de 3 puntos porcentuales del PIB por arriba del último año sin pandemia (2019). Por ende, el déficit primario resultaría de 3,3% del PIB, versus 0,5% observado en 2019. En cambio, si en 2022 se volviese al mismo gasto, en valores constantes, que existía en 2019, el año que viene el déficit primario podría resultar equivalente a 0,6% del PIB, un valor que seguramente viabilizaría un rápido acuerdo con el FMI, si luego fuera continuado con adicionales mejoras en el resultado fiscal anual.
Claramente se requiere un déficit fiscal mucho menor en 2022 que el previsto en el proyecto de presupuesto, de modo que el escalón de mejora en el resultado fiscal que se necesite en 2023 no resulte tan elevado. Dado que se trata de los dos últimos años del actual período de gobierno, para ordenar los incentivos de economía política podría colaborar en forma crucial un acuerdo con el FMI a comienzos de 2022, que evite los comportamientos fiscalmente oportunistas. Le conviene tanto a la actual administración, para transitar en forma más ordenada la segunda mitad del mandato y le quede una situación más manejable en una eventual nueva gestión, y le podría servir a la oposición, que tiene la expectativa de ganar la elección en 2023 y volver al gobierno, en cuyo caso le resultará crucial la situación económica que encuentre al comienzo de la gestión.