Por Jorge Vasconcelos
Las decisiones del gobierno en el primer mes del programa lanzado el 11 de abril resultan más fáciles de leer cuando se las vincula con las elecciones legislativas, las de setiembre en la Provincia de Buenos Aires y las de octubre a nivel nacional. La inflación de abril fue de 2,8 %, pero la nucleo anotó un 3,2 % y, aunque mayo apunta a un 2,3 %, el gobierno no puede sentirse conforme. La prioridad es perforar el piso de inflación del 2,0 % mensual lo antes posible. Aunque en algunas variables se empiecen a registrar desvíos respecto de la “letra chica” del acuerdo con el FMI, posiblemente el gobierno considere que, con resultados contundentes en estas elecciones, el riesgo país podría bajar varios peldaños de un tirón.
En un hipotético escenario de riesgo país en torno a 450 puntos, podrían refinanciarse sin apremios los vencimientos de capital de la deuda externa, con el propio FMI, con el resto de organismos y con privados, que promedian los 15,5 mil millones de dólares por año en 2026 y 2027. En ese contexto, extender el levantamiento del cepo a personas jurídicas después de las elecciones tampoco sería un acontecimiento traumático. ¿Es factible llegar a ese escenario hacia fin de año?. Las preguntas no son de respuesta fácil: ¿Cuántos puntos de riesgo país podrían bajar por factores políticos?; ¿En cuánto debería achicarse el voto a favor de políticos embanderados con los cepos?
Lo cierto, por el momento, es que el gobierno ha enfocado los instrumentos de política a perforar el piso del 2,0 % de inflación mensual y, dada la trayectoria de las últimas semanas, seguramente tiene expectativas de lograrlo hacia junio o julio.
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